Interior durante más de dieciocho meses, pese a las constantes peticiones sindicales, no ha mostrado ningún interés en resolver un nuevo concurso que realmente garantizará la continuidad en sus puestos de trabajo de ciento setenta y cinco vigilantes de seguridad que venían afectados por el cese de actividad de la empresa OMBUDS.

Interior se convierte así en la única administración que no ha querido resolver el mantenimiento del empleo en materia de seguridad privada en el territorio nacional. Esta situación demuestra una vez más la falta de implicación con el sector de la seguridad privada que viene demostrando el Ministerio liderado por Marlaska desde el inicio de la legislatura.

Durante el expediente de regulación los vigilantes de OMBUDS que tenían asignados servicios en la administración pública a lo largo del territorio nacional han mantenido sus puestos de trabajo mediante subrogación a otras empresas del sector. Es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la sucesión de empresas que indica que la empresa que subroga al personal debe asumir las deudas contraídas por OMBUDS ha significado un problema para el mantenimiento del empleo desde la caída de la Mercantil, pero las administraciones en general excepto Interior han buscado fórmulas para mantener la seguridad y a los vigilantes en sus instalaciones.

Interior ya al inicio del expediente situó en ciertas prisiones la presencia de FCSE pese al reconocimiento por parte de éstas de no disponer de suficientes efectivos para hacer frente a la custodia de estos centros penitenciarios. Posteriormente Interior situó dos concursos donde los precios de licitación como viene siendo habitual por parte de la Administración Pública en general, no cubrían los costes salariales mínimos recogidos en Convenio quedando en ambas ocasiones desiertos.

El pasado día 23, la Mesa Negociadora del expediente llevado a efecto por OMBUDS por unanimidad sindical decidía a petición expresa de un número importante de vigilantes afectados resolver definitivamente la relación laboral. Este hecho sin duda podría haber quedado resuelto con garantías de empleo si Interior durante un largo proceso hubiera mostrado sensibilidad en la solución del problema en lugar de estar constantemente situando a través de Instituciones Penitenciarias la posibilidad de custodiar en un futuro la totalidad de prisiones por parte de las FCSE como ya ha realizado en las prisiones de Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura con el objetivo de dejar fuera de ellas a los vigilantes de OMBUDS y no afrontar sus dificultades de mantenimiento de empleo.

El problema sin duda va más allá del debate público o privado, el personal de seguridad privada viene desarrollando su labor en prisiones en plenas garantías. Es la propia administración que con sus continuas bajas de precios sitúan en numerosas ocasiones al frente de estos servicios a empresas desleales con sus trabajadores y trabajadoras así como con el propio sector. En esta ocasión las personas trabajadoras se ven doblemente afectadas en primer lugar por no ser culpables de pertenecer a una empresa que presentara en su momento concurso voluntario de acreedores y en segundo orden por la pasividad demostrada desde el Ministerio.

Desde UGT más allá de cuestionar nuevamente el conjunto de contratos celebrados a la baja por parte de las Administraciones Publicas en general basados únicamente en los precios más bajos y con ello degradando la propia actividad y el mantenimiento del empleo en el conjunto del sector, en lo concerniente al nuevo Concurso de prisiones seguirá insistiendo desde la negociación y desde la reivindicación que los trabajadores y trabajadoras afectados por este expediente puedan incorporarse al mercado laboral en cualquiera de sus formas con la empresa que resulte adjudicataria del nuevo concurso.