Nuestro sistema democrático, con más de 40 años de antigüedad, ha demostrado a lo largo de todo este tiempo virtudes, defectos, fortalezas y debilidades.

Probablemente, el paso del tiempo ha evidenciado que algunos de sus principios necesiten adaptarse a las circunstancias políticas y sociales actuales.

Otros, por el contrario, han sido siempre indiscutibles como es el de la representatividad, herramienta fundamental para el ejercicio tanto de la función política como de la sindical.

Esta se debe ejercer por quien las personas trabajadoras deciden en procesos electorales o en votaciones ad hoc realizados de acuerdo a la legalidad, pero últimamente acudimos en el Sector Aéreo a ejemplos que nos hacen dudar de si todos los actores tenemos igual de claro este principio de representatividad.

El caso de Ryanair que explotó hace unos meses, y continúa evolucionando en esos términos, se ha convertido en el paradigma del cuestionamiento del sistema representativo y del sindicalismo de empresa.

Aunque desgraciadamente este ejercicio exacerbado de sindicalismo amarillo se ha dado en contados casos anteriormente, no es menos cierto que en el caso de Ryanair en España se ha producido, además, con bombo y platillo, como si de un gran acto comercial se tratara, justo lo contrario a lo que debería suponer el sistema de representación.

Parece ser que es ahora la empresa la que elige con qué sindicato negocia y además se convierte en promotora del sindicato en cuestión al firmar un acuerdo de aplicación exclusiva para las personas afiliadas a ese sindicato que, en este caso, ni estaba legitimado por la voluntad de las personas trabajadoras ni tenía afiliación dentro de la empresa.

De esta manera lo que promueve la empresa es un cambio de afiliación masivo para legitimar, vía futuras elecciones, al actor que más le conviene, creando de facto un sindicato de empresa.

Este es el ciclo del acuerdo comercial.

La empresa consigue maquillar su imagen de cara a una opinión pública que no le tiene en la mejor consideración por el trato a su personal, cerrando un dudoso acuerdo de mínimos, que en su mayoría de sus puntos ya debería estar aplicando pues correspondían a sentencias que diferentes tribunales habían emitido frente a demandas de otros sindicatos, y el sindicato de empresa consigue beneficios.

El último paso de ese ciclo ya está hoy en marcha. Se han convocado elecciones sindicales en todas las bases de España. Independientemente de la legalidad de estos procesos (UGT está impugnando todos), el recurso del chantaje sigue su camino por si algún incauto (o asqueado) se desliza.

Trabajadores y trabajadoras de Ryanair nos están haciendo llegar la comunicación que les hace “el sindicato de empresa”, en plena campaña electoral, recordándoles, puesto que parecía que se querían dar de baja en el sindicato, que si lo hacen, dejarán de “disfrutar” del acuerdo que se firmó. A este sindicato también han llegado cartas anónimas de personas trabajadoras de Ryanair pidiendo auxilio. Pero hasta ahí llegan. Tienen miedo a perder su empleo a ser maltratados.

Se puede dudar de la legalidad de este proceso hasta que los tribunales se manifiesten, pero ¿se puede dudar de su moralidad?

¿Vale todo para cumplir los objetivos de una empresa?

¿Vale todo para pretender ser un sindicato dominante en un sector?

Porque no lo olvidemos, este tipo de comportamiento no sólo ataca y pone en peligro el modelo democrático de relaciones laborales de este sector y del país, sino que de forma inmediata lo que pone en tela de juicio es la capacidad de los trabajadores y trabajadoras  de decidir libremente y de que sus legítimos representantes negocien auténticos acuerdos para mejorar sus condiciones.

Y no olvidemos que estamos hablando de una empresa como Ryanair, tristemente famosa en toda Europa por el trato que da a sus empleados y empleadas.

Nos lo tenemos que plantear todos, fundamentalmente el sindicato de empresa que se ha prestado a este contrato comercial, pero también el resto de fuerza sindicales, las autoridades políticas y judiciales que han permitido a esta empresa convertirse en el mayor operador del continente a costa de esquilmar las condiciones de su plantilla y transgredir impunemente las normativas nacionales.

Insistimos en la pregunta, en este caso a esas autoridades, ¿de verdad vale todo?

La excusa en la que esconderse no puede ser la de asegurar unos millones más o menos de pasajeros/turistas, sobre todo si es a costa de precarizar las condiciones de las personas trabajadoras.

En UGT pensamos que no.

Por eso hemos denunciado ante los tribunales este acuerdo porque entendemos que son las personas trabajadoras las que deben elegir quién los representa porque creemos que se deben negociar acuerdos para todos y porque creemos que esos acuerdos deben compensar de verdad a toda una plantilla que ha permitido con su esfuerzo que Ryanair obtenga en los últimos años cifras récord de beneficios.