El Gobierno de Catalunya establece la contratación de los concursos de su competencia en materia de seguridad privada, mediante la homologación previa de empresas en el denominado Acuerdo Marco de Contratación.

Este formato obliga a las empresas previamente a homologarse para poder participar en este tipo de contratación, teniendo que acreditar fehacientemente su capacidad de solvencia económica y técnica como vía inexcusable para su homologación.

Igualmente,  en la contratación derivada quedaran expresamente recogidos  en los pliegos los criterios como el cumplimiento del convenio sectorial, un máximo de 49 puntos a la oferta económica, la erradicación de las denominadas bolsas de horas sin coste, el abono de las nominas en tiempo y forma y, a su vez, la consideración como oferta temeraria aquella que no incorpore los costes salariales establecidos en el convenio sectorial, los costes estructurales y la media de beneficios según estudio de mercado. Estos importes serán aprobados en la próxima reunión a celebrar por la denominada Comisión de Seguimiento de Contratación.

La mencionada Comisión formada por la administración catalana, sindicatos y patronal realiza periódicamente auditorias sobre las empresas homologadas en el acuerdo marco. Comprobación de cuadrantes y nóminas, comprobación de la formación realmente formalizada y ejecutada sobre los vigilantes por parte de las empresas, así como comprobaciones en materia de cotizaciones y tributos, son examinados en la línea de garantizar durante la ejecución del contrato el cumplimiento del código de buenas prácticas negociado y firmado por las partes.

Todos esto aspectos fueron puestos en valor y con un claro compromiso de aplicación durante la vigencia del nuevo acuerdo marco, en reunión mantenida con responsables de la Generalitat y responsables de FeSMC-UGT Catalunya, contando con la presencia del responsable federal de seguridad privada.

Esta reunión se encuentra enmarcada en los procesos que se están llevando a efecto por el sindicato de seguridad en el territorio nacional, cuyo objetivo parte en trasladar a la contratación derivada aquellos aspectos recogidos en la nueva Ley de Contratos.