España necesita urgentemente un Pacto de Infraestructuras que ponga freno, entre otros problemas, a la destrucción del empleo y el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Desde que en junio de 2018 el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, anunciara que no se renovarían las actuales concesiones de autopistas, sólo ha revertido al Estado el tramo de la AP1 que une Burgos y Armiñón (84,3 kms); y a finales de este 2019 es previsible que revierta la AP7, que une Tarragona y Alicante, y la AP4 (Sevilla-Cádiz) (467,6 km, en total).

En agosto de 2021, con esta política, revertirán también la AP7 que une Tarragona con la Frontera de Francia, y la AP2, que une Zaragoza con la Costa Dorada (474,5 km en total) Tramos a los que se suma el fin de concesión de la C-31 y la C-32 (66,5 km en total), cuyo titular es la Generalitat de Catalunya.

Unida a esta situación de fin de concesiones, se ha de destacar la situación de las denominadas “radiales”; son ocho autopistas que suman un total de 506 km, y que, tras declaración de las respectivas concesionarias en concurso de acreedores, han revertido al Estado. En estas ocho vías se mantiene el peaje, pero su conservación y mantenimiento está siendo objeto de diversos contratos administrativos de servicios.

De los 2.759 km de autopistas de peaje titularidad de la Administración General de Estado, sujetos a concesión administrativa, 1.533 km han dejado, o dejarán, de estar sujetos a contrato; un 56% del total, cuyos costes de gestión y conservación habrá de asumir el Estado a cargo de los Presupuestos Generales.

Estos costes se cifran en 500 millones de euros al año, sin contemplar las obras de ampliación y reparación que muchas de estas infraestructuras requieren. Cifra que se unirá al, por enésima vez denunciado, déficit en conservación de carreteras que el Ministerio cifra en 2.000 millones de euros, y que otras fuentes, como la Asociación Española de la Carretera (AEC) cifró en 6.600 millones de euros en el año 2016.

Problemas añadidos

Desde UGT, además de la falta de inversión en la conservación y construcción de carreteras, venimos denunciando la situación de los trabajadores y trabajadoras de las denominadas radiales desde hace años, con convenios congelados, despidos indiscriminados, y recortes salariales; todo esto con salarios estratosféricos de las direcciones de las empresas, incluso una vez declaradas en concurso.

La situación en el resto de autopistas no ha sido muy diferente: la automatización y la caída del tráfico ha hecho menguar las plantillas en un 35%, especialmente en los puestos de trabajo asociados a peaje.

A esta situación se le une la proximidad de la finalización de los contratos de concesión y, previsiblemente, tal como sucedió en la AP1, la eliminación de más de un millar de puestos de trabajo.

La ausencia del necesario debate respecto a las infraestructuras que queremos, y su financiación, están en la base del problema, y mientras se adopta la decisión de debatir, los trabajadores pierden su empleo y pasan a engrosar las listas del paro sin que, por lo visto, al Ejecutivo le preocupe lo más mínimo.

Desde la perspectiva de UGT, la actuación responsable es posible. Es necesario un plan específico para el sector de autopistas en el que se establezcan garantías de subrogación frente a procesos de ida y vuelta entre el sector privado y público (y viceversa); también planes de formación para que los trabajadores se puedan adaptar a los nuevos requerimientos de servicio al ciudadano; y finalmente mantenimiento del empleo mientras todo esto se lleva a cabo: el sector de las autopistas está cambiando y nadie cuenta con sus trabajadores y trabajadoras.