El 21 de junio se acaba el Estado de Alarma, pero esto no significa que la situación de emergencia sanitaria haya finalizado. De hecho la situación se puede volver potencialmente más peligrosa a partir del 1 de julio cuando se abren nuestras fronteras. En este contexto es imprescindible garantizar la seguridad y la salud de las plantillas y la clientela de los establecimientos hoteleros.

Tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la empresa tienen la obligación de evaluar el riesgo y establecer medidas de prevención adecuados para proteger la salud del personal. Por lo tanto, es necesario establecer planes de contingencia antes de que se inicie la actividad, activando los órganos paritarios de prevención. También será necesaria la evaluación de los Servicios de Prevención Ajenos para poder establecer dichos planes de contingencia.

Un instrumento que puede ayudar a garantizar el cumplimiento de la LPRL son las “Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2 en el sector turístico” del MINCOTUR, coordinadas por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), junto con la Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, que se han elaborado con amplia participación y consenso de administraciones autonómicas y locales, asociaciones sectoriales, patronales y los sindicatos CCOO y UGT. Así mismo, han sido consensuadas con la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA). Además, a estas Guías se les ha dado rango de “Especificaciones UNE”.

UGT y CCOO entienden que la mejor vía para garantizar que en un establecimiento se han implantado las medidas de prevención adecuadas es mediante una certificación. La obtención de esta certificación no puede basarse solo en una evaluación inicial, también hay que activar un Comité de Seguridad y Salud en el que esté presente la Representación Legal de los Trabajadores que asegure el cumplimiento de la LPRL y realice una reevaluación de los puestos de trabajo teniendo len cuenta las excepcionales circunstancias de la crisis sanitaria. En este sentido, ambos sindicatos entienden que la declaración responsable que han puesto en marcha algunas administraciones territoriales, no garantiza la seguridad del establecimiento.

Finalmente, para garantizar los derechos de información, consulta y participación de la plantilla que establece la citada LPRL, la RLT se debe ir incorporando al trabajo, dando prioridad a los y las delegadas de prevención.  Asimismo, más allá de lo que contemple la prórroga de los ERTEs, deben convocar a la RLT para abordar las desescaladas y desafectaciones, para garantizar que estas se producen con normalidad y equidad.