Ante la situación de estado de alerta que vive nuestro país a consecuencia de la emergencia sanitaria que sufrimos por la pandemia del COVID-19, los secretarios generales de las tres federaciones de UGT (servicios privados, servicios públicos e industria) se han dirigido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para que cualquier decisión que afecte a los profesionales de las empresas prestatarias de servicios en AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) sea comunicada con carácter previo a los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Miguel Ángel Cilleros (FeSMC-UGT), Julio Lacuerda (FeSP-UGT) y Pedro Hojas (UGT-FICA), en carta dirigida al citado miembro del Gobierno, argumentan su petición en el hecho de que “las prestadoras de servicios al citado ente público se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la situación actual, de la que no existen precedentes, nos llevaría a un escenario en el que la regulación vigente pudiera no contemplar una casuística tan excepcional e impensable como la que vivimos y que ésta se materializase y concretase en alguna o varias de las empresas que prestan servicio en AENA” violentando así las garantías laborales que emanan de la citada Ley.

Igualmente, UGT entiende que la demanda de este tipo de servicios por parte de AENA puede verse sensiblemente afectada en algunos casos. Sin embargo, “apelando a la necesidad de que la Administración pública sea garante de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en sus instalaciones, confiamos en que el citado ente público sea el primero en dar ejemplo de la necesidad de proteger el empleo, velando no sólo por el estricto cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en estas circunstancias de excepcionalidad sino, también, demostrando a estas empresas que se sigue contando con los servicios que prestan en las infraestructuras aeroportuarias de nuestro país”.

Los responsables de las federaciones estatales de UGT concluyen su misiva recordando que la década de crisis económica que se inauguró en 2008 “y trajo consigo una reducción de las condiciones de trabajo en las compañías contratadas, que ajustaban sus ofertas económicas a costa de la reducción salarial de sus plantillas. Bajo ningún concepto podemos permitir, ni Administración pública ni organizaciones sindicales, que algunas empresas vean en esta situación –una vez superada la fase de alerta sanitaria– la excusa perfecta para volver a precarizar el empleo y los salarios en el nuevo marco de crisis económica que traerá esta pandemia. No, al menos, en el caso que nos ocupa”.