Durante la manifestación celebrada en Madrid, ante el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, convocada por CCOO y UGT, los sindicatos han trasladado a responsables del Gobierno en funciones lo siguiente:

• Las 7.000 familias afectadas no entienden otra posibilidad que no pase por percibir sus nóminas. Si eso no se resuelve se corre el riesgo de la exclusión social existiendo claros culpables: la empresa, las administraciones públicas por sus modelos de concursos a la baja y el propio Gobierno por permanecer durante años ajeno a una situación sobre la que UGT lleva tiempo advirtiendo.
• Volvemos nuevamente a insistir en que desde el Gobierno se inste a la totalidad de las administraciones a resolver sus contratos con carácter de urgencia. UGT es consciente que dicha medida requiere tiempo al estar condicionada por plazos jurídicos. Por ello, es imprescindible que vaya acompañada del cobro de las nóminas.
• La situación de OMBUDS se suma a un número elevado de empresas que después de “reventar el mercado de la seguridad” con adjudicaciones a la baja, abandonan el mismo, situando a miles de trabajadores y trabajadoras en exclusión social. Ese modelo perverso impulsado por un número de empresas del sector, al amparo de clientes, debe ser modificado.
• UGT y CCOO han instado al Gobierno a la apertura de una mesa de negociación donde responsables políticos y sindicatos avancen hacia un cambio necesario del modelo de contratación de los servicios de seguridad privada en España.