AENA debe mantener los altos estándares de calidad en seguridad tras la reapertura de los aeropuertos en el territorio nacional.
El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales mayoritarias FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CCOO) y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, advierte del riesgo que estos recortes supondrían para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los usuarios de servicios en la desescalada del COVID-19 y tras la misma.
El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada viene alertando de la necesidad de no rebajar los efectivos de seguridad privada en instalaciones donde, debido a la pandemia, lo que corresponde, como garantía real para preservar la seguridad de los ciudadanos, es mantener e incluso ampliar su número, adaptando los servicios a las nuevas medidas de control derivadas del COVID 19.
Las Administraciones Públicas en general y AENA en particular no deben utilizar la crisis económica, fruto de la pandemia, para recortar en sus aeropuertos el número de vigilantes de seguridad privada existente con anterioridad al inicio de la crisis sanitaria.
Relevancia especial supone la apertura del espacio aéreo, que sin duda conllevará una recuperación progresiva de movilidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y de los distintos países europeos y extracomunitarios, contribuyendo en gran medida a la reactivación económica del país.
Este retorno a la normalidad debe implicar la necesidad de incrementar los efectivos que anteriormente a la pandemia prestaban sus servicios para garantizar las anteriores y las nuevas necesidades de seguridad en las instalaciones aeroportuarias, y no cometer el error de reducir servicios, lo que generaría rebajar el nivel de seguridad, precisamente en un momento donde habría que aplicar una extrema prudencia por motivos obvios.
Adicionalmente, se dificultaría el regreso al trabajo efectivo del personal de seguridad actualmente acogido a una suspensión temporal de contrato tras el cierre de las instalaciones durante el estado de alarma.
La seguridad privada durante años ha demostrado con éxito su capacidad profesional en la prevención de situaciones de riesgo en este tipo de instalaciones, en continuo contacto y a plena satisfacción de la ciudadanía, y ha sabido adecuar sus funciones con rapidez a las nuevas realidades.
La recuperación del empleo, la asunción de nuevas funciones y el incremento de la seguridad deben convertirse en objetivos inaplazables, lo que dista radicalmente del actual debate sobre modificación de contratos a la baja, reducciones de servicios y pérdida de empleo y garantías para los profesionales de seguridad privada.