La organización juvenil de UGT, RUGE- Revolución Ugetista, ha denunciado a varias empresas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por desarrollar un fraude en la contratación de becarios.

Tras apuntarse a numerosas ofertas de empleo y asistir a diversas entrevistas para conocer la realidad de las becas que ofrecen las grandes plataformas de empleo y agencias de colocación –entidades a las que no les está permitido hacer intermediación en prácticas no laborales- descubrieron que muchas de ellas establecían los contratos mediante un mecanismo fraudulento por el que se obliga a los jóvenes que solicitan la beca a apuntarse a cursos en centros de formación privado para poder ser contratados.

RUGE ha puesto toda la información en conocimiento de la autoridad laboral con el fin de que ésta ponga el foco de atención sobre este abuso que afecta a miles de personas trabajadoras en nuestro país.

Esta acción de los jóvenes de UGT forma parte de una campaña sobre los becarios que han desarrollado con el objetivo de que se conozcan los abusos que se cometen sobre los jóvenes y con la finalidad de que se tomen medidas ejemplares contra las empresas que realizan estos fraudes y que el Gobierno tome conciencia de la necesidad de llevar a cabo una modificación legislativa en profundidad y establecer de una vez por todas un Estatuto de las Prácticas no Laborales.

RUGE ha detectado numerosos tipos de becas y diferentes fraudes. En este caso, la práctica se basa en ofrecer a través de portales de empleo y agencias de colocación ofertas de empleo o de prácticas con las que captan a personas que, tras finalizar sus estudios, buscan su primer empleo. Los anunciantes les explican que necesitan que estén estudiando o matriculados en algún curso y les ofrecen hacer alguno a través de centros privados de formación. Son cursos de muy corta duración que, en muchos casos, ni siquiera relacionados con las funciones que van a realizar en la empresa y que no es necesario cursarlos completos porque se trata sólo de un trámite legal para poder realizar un convenio de colaboración.

Todas estas personas que acceden a darse de alta en ese curso y realizar esas becas bajo la promesa de una contratación posterior. En primer lugar, encuentran que deben pagar por un curso que carece de contenido.

Y por otro lado, cuando se incorporan a la empresa ven que entre el 60% y el 80% de la plantilla está formada por becarios, que no hay tutor de prácticas, e incluso ningún responsable en sus departamentos. De este modo, desde el primer día están realizando las funciones de un trabajador, con total autonomía, pero sin derechos laborales y cobrando, en el mejor de los casos, 400 € al mes por hacer 8 horas o más.

Un caso particular:  El mundo del becario.

Se trata de una de las principales empresas que realiza y fomenta estas prácticas, siendo el 95% de su actividad el ofertar becas en su web. Ellos ofrecen el servicio de realizar todos los trámites necesarios para que se pueda llevar a cabo el convenio de colaboración: modelos de convenio, cursos inexistentes por los que cobran en torno a 200 € a cada alumno, etc.

El portavoz de RUGE, Revolución Ugetista, Eduardo Magaldi, confía en la actuación ejemplar de la Inspección de Trabajo y tiene claro que se debe “extinguir inmediatamente la autorización de esta empresa como agencia de colocación y después proceder a su posterior cierre.”

“Debe ser una actuación ejemplar porque esta empresa es un parásito que se aprovecha de nuestro sistema para su único beneficio. La sociedad no prospera con empresas así, solo sirven para pervertir nuestro sistema mientras se ríen de todos los españoles y de sus hijos”.

Prácticas que fomentan la precariedad de los jóvenes

Este tipo de prácticas empresariales rebaja en las condiciones laborales y supone un fraude en la contratación y en la cotización a la Seguridad Social. Además, la poca cotización a la que están sujetas estas empresas está bonificada, lo que implica una gran pérdida de recursos para las arcas públicas y el estado del bienestar.

Se produce una instrumentalización y un uso fraudulento de la formación asociada a prácticas, con el objetivo de que las empresas puedan reducir costes laborales porque es un claro caso de encubrimiento de relaciones laborales, lo que supone la pérdida de puestos de trabajo.

RUGE reivindica, entre otras muchas cuestiones:

– La laboralización de las prácticas no laborales extracurriculares.
– Mejoras normativas en las prácticas no laborales curriculares.
– Un registro nacional de becarios.
– La cotización de todo tipo de prácticas, sean o no remuneradas.
– Que se dé competencias a los representantes legales de los trabajadores para acceder a los convenios de colaboración de las prácticas para velar sobre su correcto cumplimiento.
– La actuación concreta de la autoridad laboral sobre centros de formación privados y otros agentes que han instaurado este sistema de precarización de personas trabajadoras.