RENFE adjudica nuevamente a la seguridad privada como sector complementario a la seguridad publica la protección del conjunto de instalaciones reconocidas como estratégicas.

Esta situación conlleva la ejecución de unos pliegos de contratación que lejos de valorar criterios puramente económicas situados sistemáticamente a la baja por un número importante de administraciones públicas en nuestro país, primen la calidad de sus servicios, así como, las condiciones laborales para el conjunto de vigilantes que en el caso de RENFE se encuentran en pleno contacto con la ciudadanía y que ejercen un papel fundamental en su propia protección.

UGT desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada ha venido insistiendo en el tiempo además de trasladar a responsables de RENFE la necesidad de reducir las agresiones que los vigilantes de seguridad sufren en forma elevada durante su prestación de servicios en las instalaciones ferroviarias.

Aumentar la dotación de equipos de protección individual, implementar la tecnología como elemento de protección para las personas trabajadoras y una formación específica, son herramientas que deben incorporarse sin dilación y que desde RENFE se debe exigir a las empresas de seguridad la puesta en marcha en este tipo de instalaciones.

UGT en el ámbito estatal sigue solicitando del Ministerio de Interior que el próximo reglamento de seguridad privada, atascado actualmente, debe incorporar entre otros elementos de vital importancia para el futuro de la seguridad privada en nuestro país, una mayor protección jurídica para los vigilantes de seguridad que como es el caso de RENFE ejercen un papel fundamental en la protección de instalaciones estratégicas en pleno contacto con la ciudadanía.