El Sindicato considera que es un avance en la dirección correcta para proteger al colectivo, pero la regulación de las empleadas del hogar y del colectivo de la ayuda a domicilio debería estar recogida en normativas diferentes. Las personas que trabajan en la ayuda a domicilio para empresas especializadas en la prestación de estos servicios cuentan con representación sindical y tienen acceso a la negociación colectiva.

El nuevo Real Decreto que el Gobierno aprueba este martes tiene como objetivo cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es un acuerdo que busca mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar, un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres, la inmensa mayoría de ellas inmigrantes. Estas trabajadoras se encargan del cuidado del hogar y también, de personas mayores y de niños y niñas.

Uno de los retos que ha enfrentado este decreto ha sido encontrar un equilibrio entre el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y las responsabilidades de los empleadores respecto a la salud y seguridad de las personas que trabajan en sus hogares. El Real Decreto intenta implementar medidas que no impongan una carga económica o administrativa excesiva a las familias empleadoras.

No obstante, desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), aunque el decreto cubre adecuadamente las obligaciones hacia las empleadas del hogar, existe un problema al incluir en la misma regulación al colectivo de la ayuda a domicilio. Este grupo trabaja para empresas especializadas en la prestación de estos servicios, cuenta con representación sindical y tiene acceso a la negociación colectiva.

UGT quiere destacar que las condiciones laborales de este grupo, al estar reguladas por la legislación común y un convenio colectivo propio, deberían haberse separado de este Real Decreto, dejando el desarrollo normativo en manos de la autonomía colectiva a través de la negociación entre las empresas y los sindicatos del sector.

En cualquier caso, consideramos este decreto un avance en la dirección correcta para proteger a un colectivo históricamente vulnerable a condiciones laborales precarias. Junto con medidas adoptadas en 2022, como la inclusión de estos trabajadores en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y el acceso al desempleo, esta normativa contribuye a la dignificación de su trabajo.