Las confederaciones sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras han presentado, el pasado 3 de mayo, un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública (BOE de 6 de marzo de 2018).

Al establecer la composición de ese órgano, el Gobierno ha excluido a las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO, e incluso a las organizaciones empresariales.

Según consta en la exposición de motivos del Real Decreto, “a través de la contratación pública socialmente responsable o la contratación pública estratégica de carácter social, las autoridades públicas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad, diseño para todos, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la más amplia aplicación de las normas sociales, así como los compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas”; a la vista de esos objetivos resulta incomprensible que se margine de la comisión a los interlocutores sociales encargados constitucionalmente de la representación de buena parte de esos objetivos.

UGT y CCOO consideran que los interlocutores sociales, como conformadores del Diálogo Social, reconocido en los Tratados fundacionales de la Unión Europea y en los tratados de funcionamiento, tienen un papel esencial en órganos como la mencionada comisión interministerial, por lo que consideramos que la composición establecida por el Gobierno en el Real Decreto mencionado vulnera el derecho español y europeo a la participación institucional de las organizaciones sindicales más representativas.